El Gobierno de Puebla solicitó una revisión integral de los contratos otorgados a empresas proveedoras de servicios electorales, luego de que el Gobierno federal diera a conocer una investigación sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos durante 27 años.
Al respecto, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, señaló que el caso requiere transparencia y rendición de cuentas, por lo que respaldó las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones de organismos electorales.
Explicó que, de acuerdo con la información presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores. Las operaciones bajo revisión se remontan a 1999 y contemplan adjudicaciones millonarias entre 2015 y 2025.
En el caso de Puebla, García Parra informó que se detectaron contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como otros por 129.7 millones durante 2024 y 2025, por lo que se pidió que las autoridades fiscalizadoras revisen el ejercicio de estos recursos. Aclaró que las investigaciones deben desarrollarse sin anticipar responsabilidades y respetando la autonomía de las autoridades electorales.
Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, indicó que la administración estatal ha reforzado los mecanismos de vigilancia en las contrataciones públicas mediante la digitalización del registro de proveedores y el acompañamiento de los órganos internos de control en los procesos de licitación. Añadió que estas medidas buscan evitar favoritismos y verificar que las empresas cumplan con los requisitos legales, técnicos y financieros.
Finalmente, el funcionario informó que 315 personas servidoras públicas han sido separadas de sus cargos por irregularidades, como parte de las acciones de combate a la corrupción en la administración estatal. Mientras tanto, el gobierno poblano aseguró que colaborará para que el proceso electoral del 6 de junio de 2027 se desarrolle con legalidad y certeza.
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