Imagen ilustrativa de personas protestando en el Zócalo de la Ciudad de Puebla en contra del ecocidio/generada con IA.

Por segunda semana consecutiva, ambientalistas, académicos y vecinos de la ciudad de Puebla salieron a las calles para rechazar el proyecto del Cablebús impulsado por el gobierno estatal, al considerar que su construcción implicará un daño ambiental significativo con el retiro de 746 árboles en distintos puntos de la capital.

Aunque la convocatoria se dividió en dos concentraciones —lo que redujo el número total de asistentes en cada punto— el mensaje fue contundente y unificado: la movilidad urbana no debe avanzar a costa del medio ambiente. Bajo consignas como “No al cablebús” y “Por amor a Puebla, no al cablebús”, los manifestantes insistieron en que no se oponen al transporte público, sino a un modelo de desarrollo que, afirman, sacrifica áreas verdes.

Mientras en redes sociales el gobierno estatal difundía videos con académicos de la UTP y la BUAP respaldando la plantación de nuevos árboles como medida compensatoria, en el centro histórico se escuchaban voces que calificaron el proyecto como un “ecocidio”. El nuevo sistema de transporte contempla estaciones en el Parque Biblioteca, el Cerro de Amalucan, el Parque Juárez y un predio de la BUAP.

Antes de la movilización dominical, la administración estatal comenzó la siembra de árboles en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y en el Parque Ecológico, como parte de una estrategia paralela de mitigación ambiental y comunicación pública.

Uno de los contingentes partió de la avenida Juárez, desde la 25 Sur, rumbo al Zócalo, donde se unió con otro grupo que marchó desde el Parque Juárez. En ese punto reiteraron su exigencia de detener el proyecto hasta que se transparenten los estudios de impacto ambiental y se reconsideren los trazos para evitar afectaciones en zonas arboladas.

Los inconformes también señalaron como corresponsables al Congreso del estado, al Ayuntamiento de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), acusándolos de permitir modificaciones legales que facilitarían la ejecución del proyecto. En particular, cuestionaron cambios a la Ley de Arbolado —que permitirían el encalado de árboles— y ajustes en la Ley de Transporte para incorporar el Cablebús.

Además, expresaron dudas sobre la viabilidad de la reforestación anunciada por el gobierno. Aunque se informó que se plantarán 10 mil ejemplares dentro del programa Renovación del Bosque Urbano, los ciudadanos advirtieron que la siembra y el trasplante requieren estudios técnicos especializados y un seguimiento de hasta dos años para garantizar su supervivencia.

Por su parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que el proyecto implicará el retiro de 746 árboles en parques y áreas verdes de la ciudad. El gobierno sostiene que la plantación masiva de nuevos ejemplares generará un impacto ambiental positivo, mientras que los opositores mantienen que ninguna compensación sustituye la pérdida de árboles consolidados.

El debate continúa abierto en Puebla, donde la discusión ya no gira únicamente en torno al transporte, sino al modelo de ciudad que sus habitantes desean construir.