El uso de tecnologías de reconocimiento facial (TRF) se expande rápidamente en México, sin regulación ni transparencia, advierte la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su informe “No nos vean la cara”. Esta tecnología, que capta y analiza datos biométricos sin consentimiento en calles, aeropuertos y estadios, plantea serias amenazas a los derechos humanos.
R3D lleva más de cuatro años documentando la implementación de estos sistemas en distintas entidades del país. Según su investigación, el reconocimiento facial es intrusivo, poco confiable y discriminatorio. Aunque se presenta como una herramienta de seguridad, el informe revela que sus deficiencias técnicas son significativas.
Entre los principales riesgos se encuentran los errores de identificación: los falsos positivos, donde personas inocentes son vinculadas erróneamente con actividades delictivas, y los falsos negativos, cuando el sistema falla en reconocer a individuos buscados. Estas fallas, indica el informe, afectan con mayor frecuencia a personas de piel oscura, mujeres y adultos mayores.
Un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU., citado por R3D, muestra que los algoritmos de reconocimiento facial fallan entre 10 y 100 veces más con rostros afroamericanos o asiáticos que con caucásicos, debido a bases de datos sesgadas y condiciones técnicas desfavorables.
A pesar de estas advertencias, las autoridades mexicanas continúan desplegando TRF sin evaluaciones independientes ni controles adecuados. La recopilación remota de rostros en espacios públicos se realiza sin informar a la ciudadanía ni recabar su consentimiento, contraviniendo la legislación nacional sobre protección de datos personales.
R3D advierte que esta vigilancia encubierta no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que inhibe libertades como la protesta y la reunión pacífica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el uso indiscriminado de datos biométricos puede afectar intensamente los derechos fundamentales, postura que también comparten instancias internacionales como la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El informe subraya que la implementación de TRF convierte a toda la población en sospechosa al someterla a vigilancia masiva sin orden judicial ni justificación individualizada, lo que atenta contra el principio de presunción de inocencia.
Finalmente, R3D denuncia la falta de una regulación específica para estas tecnologías en México. Aunque existen leyes generales sobre protección de datos, no contemplan los riesgos particulares del reconocimiento facial. Además, las decisiones sobre su implementación se toman sin mecanismos claros de transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana.
R3D llama a detener la expansión de estas tecnologías hasta que existan marcos normativos que garanticen los derechos fundamentales y eviten abusos.